Cuando un legislador ignora los principios básicos del Estado de Derecho, deja de ser un representante del pueblo y se convierte en un riesgo público. Eso es exactamente lo que hizo el diputado de Morena, Marco Gallegos, al presentar una iniciativa que, de aprobarse, permitiría suspender derechos políticos a cualquier ciudadano solo por estar vinculado a proceso penal, sin que exista una sentencia, sin que se haya probado su culpabilidad.

Hoy, el Código Municipal de Tamaulipas y la Ley Electoral establecen con claridad que una persona pierde su derecho a contender o ejercer un cargo solo cuando se dicta auto de formal prisión. Es decir, cuando ya existen pruebas sólidas que justifican la privación de la libertad. Pero Gallegos pretende sustituir ese concepto por el de “auto de vinculación a proceso”, una figura que, en el sistema penal acusatorio, no significa culpabilidad, sino apenas el inicio de un juicio.

En otras palabras, bastaría con que alguien presente una denuncia fabricada, y que un juez la admita para que el ciudadano —sin haber sido condenado— quede inhabilitado para competir electoralmente.

¿Se imagina usted el poder que eso otorga al partido en el poder?

Bastaría una llamada, un expediente armado o una denuncia anónima para sacar de la contienda a cualquier adversario político incómodo. Sería el regreso del autoritarismo, pero con disfraz de legalidad.

Incluso la diputada Marina Ramírez Andrade, del PAN, lo advirtió con claridad en tribuna: el cambio propuesto viola derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia, reconocida en la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y tiene razón. La vinculación a proceso no es condena, ni implica pérdida de derechos, sino simplemente la continuación de una investigación judicial.

El fondo de esta propuesta es oscuro. No busca justicia, sino control político.

Si se aprueba, Morena tendría en sus manos una herramienta para descarrilar campañas, anular candidaturas y suspender autoridades municipales incómodas.

Bastaría una denuncia bien colocada para silenciar al adversario.

Imaginemos el escenario: un político opositor se vuelve popular, sube en encuestas, amenaza con arrebatarle la plaza a Morena. Entonces, aparece una denuncia penal. El juez lo vincula a proceso —porque la ley se lo permite con “indicios mínimos”— y listo: queda fuera de la elección. Aunque meses después resulte inocente, el daño ya estaría hecho.

Por eso, esta iniciativa no es solo una torpeza legislativa; es una aberración jurídica que atenta contra los cimientos de la democracia y los derechos ciudadanos. Con ella, Marco Gallegos pretende borrar de un plumazo siglos de lucha por la presunción de inocencia, un principio que protege a todos —no solo a los políticos— de los abusos del poder.

Tamaulipas no necesita más leyes punitivas disfrazadas de justicia, sino legisladores con memoria, criterio y respeto por la libertad.

Lo que propone Marco Gallegos no es una reforma: es un retroceso autoritario con nombre y apellido.

Lo que si me inquieta ¿realmente Marco Gallegos tiene la perversidad para crear algo así? O ¿Tan solo le ordenaron leerla?

Los leo.

INICIATIVA PROPUESTA POR MARCO GALLEGOS  DESCARGA AQUÍ

Marco Esquivel

Valle Hermoso, Tamaulipas 1973
Periodista, Agente de Seguros y Consultor Político

Tiene una maestría en Gobierno y Política Pública; un Máster en Gestión de Riesgos y un Máster en Consultoría Política. Es director general del periódico digital HOYTamaulipas.

Como agente de Seguros, en 2024 obtuvo la designación como Máster en Seguros Personales, concluyendo su carrera con el Diplomado en Finanzas Personales y Familiares en el ITAM; cuenta con cédula para intermediar seguros personales, empresariales y agrícola y ganado, en 2025 otuvo su cédula para intermediar Fianzas. Es miembro de la Million Dollar Round Table (MDRT) que congrega a los mejores agentes de seguros internacionalmente.